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El valenciano y lo rentable

Antonio Estañ, diputado por Alicante en Les Corts.

 

El pasado mes el Partido Popular llevó a Les Corts una propuesta para que la cámara decidiera si el catalán y el valenciano eran la misma lengua o no. Esto, pese a que abre la capacidad de «decisión» del parlamento en un momento de pérdida de soberanía y nos permitiría, por ejemplo, pasar el tiempo «decidiendo» sobre si es mejor Cristiano que Messi o sobre si La La Land merecía o no el Óscar; creo que se aleja enormemente de la utilidad del parlamento y nos empuja al uso que muchos le han dado a la política y las instituciones: una utilización exclusivamente partidista con el fin de confrontar y dividir, imponiendo falsos problemas en vez de solucionar los reales; sobre todo cuando a falta de proyecto político que poner encima de la mesa y de capacidad para tapar vergüenzas, el objetivo es reanimar batallas y al «monstruo catalán», que de tan versátil, sirve tanto para enfrentar territorios como para defender las diputaciones y otros chiringuitos.

Con la política lingüística pasa siempre algo parecido, existen cuestiones que deberían atenderse por parte de la administración pero se ha preferido usar ésta para incendiar e imponer problemas siguiendo la misma lógica de división: «valencianoparlantes» contra «catalanoparlantes», castellanoparlantes contra valencianoparlantes, monolingües contra bilingües y los problemas de nuestro territorio sin atender y los yonkis del dinero administrándose sus dosis a costa del trabajo y vida del resto.

Las cuestiones a abordar en nuestra comunitat sobre temas lingüísticos creo que son fundamentalmente dos:

Primera, la de garantizar la cooficialidad de las lenguas y la normalización del valenciano. Tenemos la riqueza cultural y social de vivir en un territorio donde conviven dos lenguas, el castellano y valenciano, por tanto, debemos garantizar que las personas valencianoparlantes tengan los mismos derechos que las personas castellanoparlantes en sus relaciones con la administración y en el derecho a usar su lengua natal igual que yo tengo el mío, esto por una cuestión de simple democracia; y debemos garantizar que la ventaja de tener el bilingüismo en casa (luego ponemos por las nubes a Suiza o Finlandia) sea entendido como justamente eso: una ventaja real, algo rentable.

La segunda tiene que ver con cómo corregimos la desigualdad de la que parten las comarcas y personas castellanoparlantes a la hora de aprenderlo; esto también es evidente, una persona de la Vega Baja no ha tenido las mismas posibilidades de aprender valenciano (mucho menos tras la falta de oferta cultural y la lesiva política practicada) que una nacida en La Safor, y esto supone que la política lingüística del Consell, para que sea rigurosa, no puede ser la misma en Valencia que en Orihuela, en Castellón que en Requena; la administración debe corregir estas desigualdades planteando medidas específicas para cada realidad, según criterios técnicos y sociolingüísticos que permitan el mejor aprendizaje en cada zona así como la corrección de la dificultad de acceso a la administración pública.

Ambas cuestiones parten así de dos desigualdades: la del valenciano respecto del castellano y sus hablantes (ya que prácticamente todo el mundo sabe hablar castellano, no así el valenciano) y la desigualdad de las comarcas monolingües respecto de las bilingües; comarcas monolingües que además suelen estar en las periferias, con todo lo que esto implica en desigualdad económica, paro estructural y falta de derechos.

Pero estas cuestiones también parten de una acción política continuada que ha impuesto y fomentado esta desigualdad y esta división, ya que ante la ventaja y rentabilidad del bilingüísmo, el PP siempre lo ha tenido claro privilegiando la rentabilidad electoral, aunque sea a costa de perpetuar políticas como la exención para luego pedirles a esos mismos titulaciones en valenciano para poder trabajar, a costa de la exclusión y a costa de fomentar el rechazo a una lengua sin ofrecer ningún tipo de vertebración cultural ni social, impidiendo desde la posibilidad de estudiar en condiciones -vía negocio con los barracones- hasta la de ver Bola del Drac con el cierre de Canal 9.

El PP se ha encargado de «defender» a la gente del valenciano a costa de sus derechos, su futuro y, en todos los casos, su dinero.

La nueva Generalitat debería tenerlo claro también y centrarse en resolver estas desigualdades. Por ejemplo, no repitiendo el absurdo de la exención por más que se haya convertido en «totem» ¿qué sentido tiene que se fomente el uso vehicular del valenciano a la vez que se permite no cursar el valenciano como lengua? ¿Qué sentido tiene que la única política específica para una zona que parte en desventaja sea una medida que justamente perpetúa la desventaja?

Por ejemplo, con políticas de fomento del valenciano distinguiendo claramente la promoción del valenciano en general y la promoción del valenciano en zonas castellanohablantes, solucionando el tapón jurídico y, sobre todo, económico de la Junta Qualificadora y la necesidad de recurrir a cursos privados. Y, por ejemplo, con un conocimiento de la realidad del territorio, ya que algunos encuentros con el Consell no han servido para pacificar y hablar en términos de solidaridad mutua, antes al contrario. Apelar a que hay «manipulación» o «falta de interés» es algo, en algunos casos, cierto y conocido pero insuficiente para solucionar una cuestión enquistada en nuestra sociedad y que es crucial para su futuro.

Me gusta ser castellanoparlante y seguiré siendo castellanoparlante -esto es otra falsa división que algunos tratan de imponer- pero lamento ser «monolingüe» cuando podría haber tenido la oportunidad al lado de casa y considero algo terriblemente triste que yo, nacido en Callosa de Segura, me desenvuelva con mayor confianza en inglés que en valenciano y que esto genere distancia entre gente con la que comparto comunidad social y política. Una distancia que muchos se han preocupado en aumentar.

Frente a la imposición de la desigualdad y la división de los que durante tantos años han destruido nuestra tierra y la han convertido en su cortijo, la Consellería debería actuar mejor y con más inteligencia; en juego está no sólo resolver los problemas reales y evitar los impuestos, aumentar nuestra formación y garantizar los derechos de nuestros ciudadanos, sino ser capaces de construir un proyecto autonómico realmente vertebrador de Vinaròs al Pilar de la Horadada. De esta posibilidad de evitar que nos impongan la división, la desigualdad y los falsos problemas para seguir robándonos tanto el dinero como la solidaridad, depende que el cambio sea posible y que nuestro pueblo avance en dignidad y derechos frente a los que fomentan un odio que les sale rentable.

Publicado en Diario Información el 17 de marzo de 2017:
http://www.diarioinformacion.com/opinion/2017/03/17/valenciano-rentable/1872649.html